La ingobernabilidad apaga la luz

¡Buenos días!

Sin ley, no hay energía. La toma armada de la hidroeléctrica Pasabién en Zacapa cumple seis meses y revela el costo de la ingobernabilidad: una planta fuera de servicio, decenas de familias sin empleo y un Estado ausente ante el despojo de una empresa legalmente establecida.

Energía en el lago. La AMSCLAE impulsa en Panajachel el primer estudio para evaluar la factibilidad de instalar aerogeneradores de pequeña escala en la cuenca del Atitlán. El proyecto busca combinar innovación, autoconsumo y preservación del paisaje en una de las zonas más frágiles del país.

Rumbo al SER 2026. Alfonso González, presidente de AGER, advierte que el reto del sector no es técnico, sino político: definir una política energética que marque dirección. El Summit de Energía Renovable volverá en febrero con el mensaje de que crecer sin aumentar la huella de carbono es posible si se apuesta por el autoconsumo y la transmisión.

¡Hasta el próximo mes!

El 6 de mayo de 2025, la Hidroeléctrica Pasabién, ubicada en el municipio de Río Hondo, Zacapa, fue invadida por un grupo armado que desde entonces mantiene el control de las instalaciones. Seis meses después, la empresa sigue sin poder operar, sin acceso a sus equipos, sin posibilidad de generar energía, y con millonarias pérdidas. Lo que comenzó como una inspección judicial para verificar el cumplimiento de una sentencia, terminó en una toma violenta que dejó a la planta fuera de servicio y a la aldea Santa Rosalía de Mármol, sin empleo.

La invasión ocurrió justo cuando la empresa se preparaba para entrar en mantenimiento. El 5 de mayo se inició el proceso técnico, y al día siguiente, un juez de paz llegó por orden de un juez penal para verificar si los condenados por una usurpación anterior habían cumplido con el resarcimiento ordenado: derruir una garita ilegal. No solo no lo hicieron, sino que respondieron con amenazas. El juez fue insultado, grabado y expuesto en redes sociales. La empresa intentó continuar con el mantenimiento, pero los trabajadores fueron apuntados con armas y obligados a retirarse.

Toma violenta

El 20 de mayo, la planta estaba lista para reiniciar operaciones. El proceso de generación, que implica abrir compuertas y enviar agua por canales de hasta 10 kilómetros, comenzó. A las 7 de la mañana, el agua ya corría. Pero los invasores, al notar el flujo, se movilizaron. Frente a una de las cámaras de seguridad, se bajaron con pasamontañas, destruyeron el canal y cortaron el suministro. Desde entonces, no llega agua a los equipos. La planta quedó inoperante.

La empresa había instalado cámaras estratégicas para monitorear la zona. Las imágenes del sabotaje circularon por redes sociales, pero no hubo reacción oficial. La línea que conecta la casa de máquinas con la presa fue destruida. La planta generadora de emergencia fue robada. También se llevaron una retroexcavadora y un camión con total impunidad.

La comunidad, que antes trabajaba en proyectos de reforestación y mantenimiento de caminos, quedó sin empleo. La empresa había tercerizado esos servicios con la condición de que se contratara a vecinos del área. Más de 35 familias dependían de esos contratos. Pero con la toma, todo se canceló. Y quienes se quedaron sin trabajo, ahora viven entre el miedo y la frustración.

Cada semana, los gerentes y jefes que no son de la zona reciben visitas intimidantes. Los buscan en sus casas, preguntan si han regresado. El personal ha sido enviado a sus hogares por seguridad. La empresa, inscrita legalmente, que paga impuestos y cumple con todas las regulaciones, hoy no tiene control sobre su propiedad. Se cumple con todo, y resulta que no es dueña de nada, está en el aire.

Los reclamos al Estado han sido constantes. ¿Dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está la protección a la inversión? ¿Por qué el Estado abandona a quienes cumplen la ley? La respuesta ha sido el silencio.

Mientras tanto, los invasores manipulan las compuertas de la presa a su antojo. No hay riesgo de inundación, pero sí de acumulación de sedimentos que pueden afectar las tuberías de las comunidades río abajo. La empresa tiene estudios que demuestran los riesgos, pero sin acceso, no puede hacer nada. Y las autoridades, aunque informadas, no actúan.

Con apoyo de diputados

La situación se ha convertido en un tema político. Diputados y alcaldes se han prestado al juego. Se convocan reuniones donde se acusa a la empresa de operar ilegalmente, de vender energía sin autorización. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen libres, armados, y en control.

La empresa ha demostrado ante el Organismo Ejecutivo que tiene todos sus documentos en regla. No hay ninguna falta legal. Pero sin la ejecución de la orden judicial, no puede recuperar la planta. Y cada día que pasa, el daño crece.

La comunidad vive aterrorizada. Un grupo de unas 15 personas, armadas, tiene sometidas a las familias. Disparan en las casas, acusan a vecinos de ser “orejas” de la empresa, los amenazan. Mientras tanto, en el área se cometen verdaderas fechorías y nadie dice nada. Nadie actúa.

La ingobernabilidad no es solo un problema local. Es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. En muchos municipios, la ley ha sido sustituida por la fuerza. Las comunidades viven entre el miedo y la manipulación. Los que antes recibían con entusiasmo los proyectos de desarrollo, ahora son usados como escudos por quienes buscan poder y dinero.

Guatemala está en riesgo. El modelo energético, que durante años fue ejemplo en la región, está en peligro. La energía es el motor del desarrollo. Sin ella, todo se paraliza. Y sin ley, no hay energía.

Pasabien es solo un caso. Pero es el espejo de un país que se descompone. Donde los que cumplen la ley deben demostrar que son inocentes. Donde los que disparan, roban y destruyen, hasta se sientan en el Congreso y acusan.

Y mientras tanto, la presa sigue tomada. Las compuertas se abren y cierran al antojo de los ocupantes. La comunidad vive con hambre y miedo. Y el Estado, ausente, sigue sin ejecutar la única acción que podría cambiarlo todo: aplicar la ley.

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) adjudicó el 26 de septiembre un contrato para elaborar un estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental sobre la implementación de un proyecto de energía eólica de pequeña escala en el municipio de Panajachel, Sololá.

El objetivo del estudio, según los términos de referencia publicados en Guatecompras (NOG 27906175), es evaluar la viabilidad de instalar aerogeneradores para generación eléctrica destinada al autoconsumo, dentro de un área reconocida por su valor ambiental y turístico.

La propuesta técnica deberá analizar dos escenarios: uno con aerogeneradores en una estructura de 10 metros de altura sobre techos de terraza y otro de 20 metros sobre terreno natural a nivel del suelo, ambos orientados a promover energía limpia sin alterar el paisaje del lago Atitlán.

El contrato se adjudicó al ingeniero Edy Wilfrido Nimatuj Gómez, representante de LOTO INGENIERÍA, por un monto de GTQ 77 300. El proceso, de modalidad directa con oferta electrónica, tuvo un primer proceso de licitación que inició en julio, pero se declaró desierto en agosto por la ausencia de ofertas.

El estudio deberá ejecutarse en un plazo de dos meses tras la firma del contrato y contempla actividades de campo, consultas comunitarias —“no es consulta popular”, aclaró AMSCLAE a una empresa interesada— y evaluaciones técnicas.

Entre los productos esperados figuran los planos civiles y eléctricos, las especificaciones técnicas de materiales, los manuales de instalación y mantenimiento, y un listado de proveedores nacionales de aerogeneradores de pequeña escala.

Nimatuj Gómez, magíster en Ciencias en Ingeniería Sanitaria e Ingeniero Civil, cuenta con licencia de consultor ambiental individual (categoría B). En el sistema Guatecompras figura con antecedentes de consultorías técnicas desde 2016, especialmente en temas de impacto ambiental, infraestructura pluvial y sanitaria.

El estudio de Panajachel marca la primera incursión pública documentada de la AMSCLAE en energía eólica dentro de la cuenca del lago Atitlán. Si confirma la viabilidad técnica y social, Panajachel podría convertirse en un caso pionero de generación limpia descentralizada en áreas protegidas, combinando innovación energética y preservación del paisaje.

Por: Luis Enrique González

El Summit de Energía Renovable (SER) vuelve con una meta clara: mostrar que el futuro energético pasa por la innovación, el autoconsumo y la sostenibilidad urbana.

Este año, el encuentro busca mover conciencia —en autoridades, empresarios y ciudadanos— sobre un desafío inminente: crecer sin aumentar la huella de carbono en un mundo que exige energía limpia.

El reto, dice Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable —AGER—, es estratégico y no técnico: definir una política energética que marque rumbo, evite el estancamiento y asegure el desarrollo sostenible del país.

La cita será en febrero de 2026, con la presencia de importantes ponentes extranjeros que hablarán de ciudades inteligentes y nuevas tecnologías, así como expertos y autoridades nacionales.

¿Cuál es el propósito del Summit de Energía Renovable (SER)?

— El propósito del SER tiene como ADN promover la conciencia de la importancia que debe haber en autoridades, miembros de la industria eléctrica, empresarios y ciudadanos sobre la energía renovable para nuestra sociedad. Este año tiene un propósito particular: enfocarnos en las nuevas tendencias de consumo.

Los grandes inversionistas del mundo, especialmente en temas de tecnología, que tienen datacenters y centrales de procesamiento de información, consumen hoy tres o cuatro veces más energía que antes. Un servidor de IA puede requerir tres veces más energía que un procesador convencional. Esta necesidad de consumo aumenta la demanda, pero con un requerimiento clave: ninguno de estos grandes jugadores quiere incrementar su huella de carbono.

Por lo tanto, la energía renovable se convierte en un requisito. Guatemala tiene ventajas competitivas enormes para instalar una nueva generación renovable. Queremos compartir esto con el público, la audiencia del evento y los medios, para que todos comprendan hacia dónde va el mundo. Este año nos enfocamos en el autoconsumo masivo, el almacenamiento y las necesidades de las ciudades.

Una ciudad como la de Guatemala tiene un consumo enorme, impulsado por mejoras en alumbrado, tratamiento de agua y manejo de residuos. Todo busca una ciudad más sostenible y robusta, pero debemos preguntarnos: ¿qué energía estamos usando para lograrlo? Ese es el marco general del SER.

¿Cuál es el histórico de la generación renovable en Guatemala?

— En los años 80 y hasta finales del 2000, Guatemala era un país con una matriz renovable muy alta, principalmente por las hidroeléctricas del INDE y del Estado. Con la reforma de la ley, se volvió atractivo para inversionistas privados, pero también aumentó la necesidad de energía eléctrica. Así, ingresó mucha energía térmica, y hacia 2008-2010 la matriz era predominantemente térmica.

Esto generó una gran variabilidad en los precios debido a que dependíamos de combustibles fósiles importados. Luego surgieron los primeros procesos de licitación abierta. Entre 2014 y 2016 ingresaron numerosas plantas renovables, sobre todo hidroeléctricas medianas y pequeñas, lo que revirtió la matriz hacia niveles de 60 y 70 % de participación renovable.

El efecto no solo fue ambiental, sino también tarifario. Cuando entraron estas plantas, la tarifa bajó y se mantuvo estable en el tiempo. Incluso durante el conflicto entre Ucrania y Rusia, que elevó los precios energéticos en Europa, Guatemala resistió bien gracias a su capacidad renovable instalada, que amortiguó esa volatilidad internacional.

¿Qué importancia tuvieron los apagones de los 90 en esa historia energética?

— Los apagones fueron consecuencia de una demanda creciente sin inversión nueva.

¿Existe un riesgo de que eso vuelva a ocurrir ahora?

— Hoy no enfrentamos un racionamiento inminente, pero sí hay momentos de estrés energético, sobre todo cuando termina la zafra y los ingenios dejan de generar energía con bagazo de caña. Si el invierno se atrasa, entramos en un periodo crítico porque no tenemos suficiente capacidad instalada para cubrir la demanda creciente.

Si una planta térmica grande fallara, podríamos enfrentar un racionamiento. En los últimos años hemos estado “con el agua al cuello” porque las lluvias se retrasan. La demanda ya alcanza y a veces supera la capacidad local, lo que nos obliga a importar energía de México o El Salvador, después de haber sido exportadores.

El problema se agravó porque los procesos de licitación se retrasaron. Mientras la demanda crece —al doble del PIB— no se instala nueva capacidad. Sin embargo, que el consumo aumente también es una buena señal: más hogares usan energía eléctrica, lo cual está directamente vinculado al desarrollo.

¿Cómo medirán el éxito del Summit para que no se quede solo en ponencias?

— Tiene mucho que ver con la respuesta del Estado y de las autoridades. Queremos que el mensaje global sobre los requerimientos energéticos haga eco en las instituciones y se traduzca en una política energética clara, que marque el rumbo correcto del país. La ley es importante, sí, pero sin política una energética es como un barco sin brújula. Esa política marca el camino por donde debe avanzar la legislación.

¿Cuándo será el Summit y quiénes serán los ponentes?

— La fecha es el 5 de febrero. Los ponentes serán sorpresa, pero esperamos que el público quede gratamente sorprendido con nuestros invitados. Sería temerario confirmar aún, pero puedo adelantar que viene “uno muy elegante”, como dicen por ahí.

¿Existe interés por invertir en el sector energético?

— Sí. Es un sector con mucho éxito, no solo económico, sino en certeza y estabilidad. En cualquier negocio se necesita demanda, marco jurídico, acceso a materia prima y repago. En el sector eléctrico tenemos todo eso.

Hay una demanda creciente, recursos naturales pendientes de desarrollar y un marco jurídico que permite la participación de empresas de cualquier tamaño, y un sistema de repago eficiente. En Guatemala, la mayoría de las plantas tiene menos de 5 megavatios, lo que muestra que el modelo es inclusivo.

Además, las transacciones del mercado se liquidan puntualmente, lo que da confianza al sector financiero. Los bancos confían en la industria eléctrica porque el entorno es sólido y predecible.

¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo del sector?

— La transmisión, sin duda. Así como las carreteras están saturadas, las líneas de transmisión también. A mayor saturación, mayores pérdidas eléctricas, lo que limita la conexión de nuevos proyectos y la cobertura nacional.

Todavía hay alrededor de un millón de guatemaltecos sin energía eléctrica, quizá más. Sin mejorar la transmisión, tampoco avanzará la electrificación rural.

Otro obstáculo es institucional. Las autoridades deben dejar de ser un obstáculo y convertirse en promotoras del desarrollo, porque no hay desarrollo sin luz.

Cuando hablo de autoridades, no me refiero solo al Gobierno central. En los últimos tiempos, el Ministerio de Ambiente (MARN) ha sido un gran aliado, facilitando licencias ambientales para nuevos parques solares.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene un presupuesto limitado, pero si se le asignaran más recursos, podría acelerar los procesos. También hay alcaldías que hoy se oponen a otorgar licencias para proyectos eléctricos, lo cual frena el desarrollo local.

Los proyectos de energía renovable suelen traer programas de responsabilidad social empresarial que benefician directamente a las comunidades. No todos los alcaldes están en contra, pero algunos deberían adoptar una postura más proactiva.

¿Podemos concluir que hay optimismo en el sector?

— Optimismo siempre hay. Hay anhelo, deseo y compromiso con el éxito de los procesos de licitación como el PEG-5. Hay entusiasmo y muchas ganas. Si observamos el panorama general, sigue siendo un entorno favorable y muy optimista.