Se enfría la confianza energética

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De México a Guatemala. Pablo Zárate destaca los errores que cometió su país y los pone a discusión para no repetirlos.

Sin luces a tiempo. El sector privado y analistas no ven las mejores señales para atraer la tan ansiada inversión.

En línea. Víctor Asturias, del CIE, habla sobre la implementación de GLP a la matriz energética.

A debate el futuro energético. El “República Summit Sostenibilidad 2025: Energía para todos”, organizado por República, se llevará a cabo el miércoles 25 de junio.

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Por: Braulio Palacios

En el marco del “República Summit de Sostenibilidad 2025: Energía para todos” una de las ponencias más esperadas era la de Pablo Zárate. Aunque no podrá asistir, sus ideas resultan imprescindibles para el debate energético guatemalteco, sobre todo cuando se busca expandir la matriz renovable y atraer capital privado.

En esta conversación, desde Houston (EE. UU.), el experto desmenuza las advertencias que Guatemala debe tomar en cuenta si quiere evitar el camino de México: pasar de ser un referente en apertura energética a un caso de oportunidad perdida.

¿Qué decisiones impidieron que la necesidad de inversión energética en México se tradujera en un camino más sostenible y eficiente?

— En 2013, México dio pasos importantes con una reforma energética de gran calado para abrir los motores de la inversión. Llevábamos entre 30 y 60 años cerrados a la inversión privada en partes clave de la cadena de valor.

A pesar de tener una empresa como Pemex, formidable en distintos momentos, es evidente que había recursos desaprovechados. Una sola empresa no tiene capacidad para administrar y aprovechar recursos tan importantes. Producíamos 3.4 millones de barriles de crudo diarios, pero la pregunta es: ¿cuánto más habríamos producido con inversión abierta?

Esa sensación de desaprovechamiento responde a restricciones políticas derivadas de la nacionalización petrolera, eléctrica y otras políticas específicas.

¿Cómo afectó el cambio de políticas a la confianza de los inversionistas y qué lecciones deja para países como Guatemala?

— En 2013 tienes este reconocimiento del sub aprovechamiento de los recursos y del sector energético potencialmente convirtiéndose en un lastre a la economía. México crecía rápidamente y se preveían problemas de disponibilidad eléctrica. Además, se volvió claro que no bastaba con tener energía suficiente, sino que debía ser limpia.

La reforma no fue perfecta, pero abrió el sector a inversión diversa. Sin embargo, el discurso nacionalista seguía latente. En 2018, con la llegada de López Obrador, ese discurso se transformó en decisiones concretas. Antes de asumir la presidencia, pidió detener las rondas petroleras y las subastas de largo plazo que permitían a la CFE adquirir energía de forma competitiva.

El freno en lo petrolero se agravó con burocracia y comportamientos erráticos. Pero en lo eléctrico, el conflicto fue más profundo: AMLO quería que la CFE mantuviera una participación del 54 % en generación. Como los generadores privados seguían creciendo por las subastas previas, su “solución” fue discriminar.

¿Cómo afectó esa política de priorizar a la CFE el funcionamiento del sistema eléctrico y la inversión?

— Se abandonó el modelo de despacho económico —donde se despacha primero el megawatt más barato— y se priorizó a la CFE. Los privados podían entrar solo después. Esta política fue implementada mediante instrumentos que resultaban inconstitucionales. Las centrales privadas enfrentaron obstáculos desde la fase de pruebas hasta restricciones técnicas no reportadas oficialmente.

¿Cuál fue el impacto en la entrada de nueva capacidad y la seguridad del sistema?

— Durante los primeros años aún entraron plantas de subastas previas, pero al frenarse estas y discriminar nuevos proyectos, la inversión se secó. La economía siguió creciendo y la demanda aumentó. Eso comprimió el margen de reserva del sistema, volviendo el desbalance insostenible. La teoría económica sugiere que eventualmente se deberá reabrir la inversión.

Su ponencia hacía referencia a que “lo necesario no es inevitable”, ¿a qué se refería en el contexto energético mexicano?

— La política a veces ignora realidades aritméticas. Se necesitan múltiples elementos trabajando en conjunto, pero a veces se usan sustitutos limitados que no logran los resultados esperados. Aunque la necesidad de inversión sea clara, la política puede impedir que lo inevitable suceda.

¿Qué tan difícil es reconstruir la credibilidad de un sector energético que ha visto sus reglas erosionadas?

— México aún tiene muchos jugadores dispuestos a invertir si hay reglas claras. No creo que un país quede fuera del juego para siempre por decisiones poco ortodoxas, especialmente con un mercado grande y con necesidades urgentes.

Pero es autolimitante haber tenido que recurrir a reformas judiciales. Como no se pudo reformar la Constitución para fortalecer a la CFE, el gobierno concluyó que el problema eran las leyes y su interpretación. Por eso impulsaron una reforma judicial para reemplazar jueces por elecciones. Eso ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del modelo y deja incertidumbre.

¿Aún hay oportunidades para construir confianza e incentivar inversión?

— Sí. Aunque el modelo no sea perfecto ni el más competitivo, hay espacios donde se puede aportar constructivamente y cubrir el déficit de infraestructura. Sin embargo, la incertidumbre limita el volumen y diversidad de participantes. Esto ha llevado a una consolidación corporativa que reduce competencia e innovación.

¿Qué papel ha jugado la ideología en la política energética y cómo puede ser una trampa para países como Guatemala?

— El discurso de López Obrador sostiene que las empresas públicas tienen virtudes por estar alineadas con el gobierno. Supuestamente, priorizan la dimensión social, pero en la práctica se centran en lo político. Esto complica la rendición de cuentas. Empresas como Pemex acumulan pérdidas estructurales, especialmente en refinación.

¿Hubo síntomas tempranos de ese giro desfavorable útiles como advertencia?

— Sí. El discurso estatista, que demoniza lo privado y exalta lo estatal, ha sido clave en la transición negativa del sector energético de México. Curiosamente, los sectores con menor presencia estatal han tenido menos problemas. Aumentar la participación del Estado genera opacidad y limita la transparencia.

¿Existen ejemplos en América Latina donde se haya logrado un equilibrio saludable entre lo estatal y lo privado?

— Sí. Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana han logrado modelos de participación mixta que favorecen competencia e inversión. Son referencias valiosas para países que buscan sostenibilidad y competitividad.

¿Qué condiciones deben existir para que el Estado tenga un rol activo legítimo en el sector energético?

— El Estado puede aportar en petróleo y electricidad, y ya lo ha hecho en ocasiones. Pero para que las empresas estatales sean legítimas, deben estar alineadas a la creación de valor medible: resultados financieros positivos, beneficios sociales, sostenibilidad y compromiso ético.

¿Hay ejemplos de empresas estatales que generen valor real, y qué riesgos deben evitarse?

— Aramco es un ejemplo paradigmático. En América Latina, Petrobras y Ecopetrol han hecho aportes valiosos. Sin embargo, Petrobras también ha enfrentado corrupción, lo que subraya el riesgo de relaciones peligrosas entre funcionarios y ejecutivos.

¿Cuál es la advertencia principal para países como Guatemala al diseñar políticas energéticas?

— No dar nada por sentado. Una necesidad evidente no garantiza que la política actuará para resolverla. Puede ser usada en discursos que no resuelven nada. Pemex ha estado en crisis por años, pero se justifica con argumentos de soberanía sin reformas reales. La aritmética económica no determina por sí sola la política.

¿Qué mensaje buscaba dejar al público asistente al “República Summit Sostenibilidad 2025”?

— El espacio para el diálogo constructivo debe construirse e invertirse constantemente. Es crucial crear organizaciones, asociaciones y foros que mantengan viva la discusión sobre los beneficios de la inversión y la competencia. Guatemala ha tenido un desempeño razonable, pero para mantenerlo se requiere información de calidad y un debate sano que evite estancamientos ideológicos.

¿Qué consecuencias ha tenido restringir la inversión estos años?

— Se perdieron al menos 10 años de inversiones. Y esas inversiones no regresan. Es gravísimo, porque el rezago no se percibe de inmediato. Es como una enfermedad silenciosa que, cuando da la cara, ya es muy difícil curarla.

¿Cuál es el caso más crítico que evidencia ese rezago?

— Pemex. Hoy debe USD 100 000 millones y factura USD 70 000 millones. Tiene pasivos de corto plazo por USD 60 000 millones que debe cubrir en los próximos 12 meses. ¿Con qué va a operar?

Después de tanta “energía invertida” en Pemex, parece que fue un costal roto…

— Sí, es tremendo. Tremendo.

¿Cree que el nuevo gobierno de Sheinbaum muestra señales de apertura al sector privado?

— Sí. Hay una apertura para reconsiderar la participación privada. El sector privado también está dispuesto.

En un momento en que Guatemala busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la industria, los hechos recientes evidencian una preocupante falta de institucionalidad y gobernanza.

Qué destacar. Analistas, gremiales empresariales y organismos internacionales coinciden en que el país no está enviando señales claras ni coherentes que generen confianza en los inversionistas, lo cual compromete seriamente su competitividad regional.

• El caso más reciente es el de la hidroeléctrica Pasabién, en Río Hondo, Zacapa, cuyas operaciones fueron suspendidas por bloqueos ilegales y amenazas a su personal, a pesar de existir órdenes judiciales para restablecer el orden.

• Este no es un hecho aislado, sino parte de una serie de eventos que reflejan la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley.

• Casos similares han ocurrido en sectores como la minería, la agroindustria y la infraestructura vial, donde proyectos estratégicos han sido paralizados por conflictos sociales no resueltos y la inacción de las autoridades.

Por qué importa. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), advierte que este tipo de situaciones envían un mensaje negativo a los inversionistas, especialmente en el marco de las licitaciones PEG-5 y PET-3, que buscan ampliar la generación y la red eléctrica nacional.

• Ambas organizaciones coinciden en que, sin certeza jurídica, no hay condiciones para atraer ni retener capital. La falta de garantías legales y la ausencia de una respuesta estatal efectiva ante actos de ilegalidad generan un entorno de alta incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.

• Desde el Banco de Guatemala (BANGUAT) se ha reiterado que la inversión privada —que representa dos terceras partes de los USD 6000M anuales que el país necesita para crecer sostenidamente— no llegará si persisten los bloqueos, la conflictividad social y la falta de ejecución de las instituciones.

• “Estos hechos afectan integralmente la percepción de riesgo país”, destacó Alvaro González Ricci, presidente del Banco Central. Además, recordó que Guatemala debería aspirar a niveles de inversión similares a los de países como República Dominicana o Costa Rica, que superan los USD 4000M anuales en IED.

Sí, pero. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que realizó esta semana su evaluación anual en el país, señaló que los principales retos de Guatemala no son macroeconómicos -que son estables-, sino estructurales: institucionalidad, gobernanza y competitividad social.

• La falta de infraestructura vial, portuaria y energética, sumada a la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley, limita el potencial de crecimiento y desarrollo.

• El FMI recalca que alcanzar el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un desarrollo integral y sostenible.

• Además, expertos del sector energético comentan que no existe una política pública clara ni una estrategia de sensibilización para promover proyectos de generación. La falta de personal técnico capacitado en entidades como el Ministerio de Ambiente, genera retrasos, incertidumbre y desincentiva nuevas inversiones. Incluso cuando existe voluntad política para agilizar procesos, la falta de capacidades técnicas en las instituciones es un tropiezo.

En conclusión. Guatemala tiene el potencial para convertirse en un polo de inversión energética y de infraestructura en la región.

• Cuenta con recursos de generación de diversas fuentes, ubicación estratégica y un mercado en crecimiento.

• Pero mientras persistan los bloqueos, la impunidad y la falta de acción estatal, ese potencial seguirá siendo una promesa incumplida.

• La inversión necesita más que discursos: requiere reglas claras, instituciones fuertes y un entorno donde se respete el Estado de Derecho.

El “República Summit Sostenibilidad 2025: Energía para todos”, organizado por República, se llevará a cabo el miércoles 25 de junio en el Salón Épica del Centro Comercial AVIA, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este evento reunirá a más de 500 profesionales, empresarios, académicos y autoridades vinculadas al sector energético, en un contexto marcado por las licitaciones PEG-5 y PET-3, que buscan transformar el sistema eléctrico nacional.

La jornada comenzará con la entonación del Himno Nacional, seguido por discursos de apertura a cargo de Bosco R. Ballvé, director general de República Media Group, y Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Ambos destacarán la necesidad de fortalecer la institucionalidad eléctrica y acelerar la modernización del sector.

Uno de los paneles centrales será “Mayor consumo eléctrico, símbolo de desarrollo”, con la participación de autoridades clave como el viceministro de Energía y Minas, el presidente de la CNEE, y representantes del Mercado Mayorista y del Consejo de la Industria Eléctrica. Este foro será moderado por Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA.

El evento también contará con la ponencia internacional de Damián Martínez Tagüeña, de FTI Consulting, quien analizará el caso del sector energético mexicano, destacando lecciones aplicables a Guatemala.

Posteriormente, se desarrollará el panel “Vamos bien, pero hablemos de los retos”, con líderes de asociaciones como AGTE, ENERGUATE, IEA, AGER y ACI, que abordarán los desafíos técnicos, regulatorios y logísticos que enfrenta el país.

Otro momento clave será el panel sobre condiciones para una inversión atractiva, con representantes del Banco Industrial, BCIE y BID, moderado por Ballvé. Se discutirá cómo atraer capital para proyectos energéticos en un entorno aún limitado por la infraestructura y la burocracia.

La innovación también tendrá espacio con la participación de ejecutivos de AMBEV Guatemala, PEPSICO y Fogel Group, que compartirán experiencias sobre eficiencia energética en la cadena de suministro.

El panel final, “Energía accesible, oportunidades para todos”, reunirá a líderes empresariales como Enrique Crespo (CMI Capital) y José Antonio Castillo (Castillo Hermanos), para discutir cómo ampliar el acceso a la energía.

El cierre estará a cargo de Dolors Monserrat, eurodiputada y secretaria general del PPE, seguida por un mensaje de la Unión Europea y las palabras finales de Rodrigo Arenas, presidente editor de República.

Datos clave

• Fecha: 25 de junio

• Lugar: Épica, AVIA 

• Hora: Registro iniciará a la 1:00 P.M.

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